Preguntas frecuentes

La Fiscalía no siempre informa a la persona indiciada durante la indagación. Muchas personas se enteran por una citación a entrevista o a interrogatorio. Un abogado puede orientarlo sobre cómo solicitar información de la actuación y en qué casos es posible.

No. La indagación sirve para establecer si existe un delito y si hay elementos para vincular a alguien. Puede terminar en archivo, en una conciliación cuando el delito es querellable o en una imputación.

Si lo citan como indiciado a interrogatorio, la ley exige que esté asistido por un defensor y le reconoce el derecho a guardar silencio. Conviene preparar esa diligencia con su abogado antes de asistir.

La Constitución establece que la persona capturada debe ser puesta a disposición de un juez dentro de las 36 horas siguientes. En ese término se realiza la audiencia de legalización de la captura.

Es la captura que se produce en el momento en que la persona comete el delito, o inmediatamente después, en las circunstancias que describe el Código de Procedimiento Penal. No requiere orden judicial previa, pero sí debe ser legalizada ante un juez.

Sí. Si la persona capturada no cuenta con abogado de confianza, se le asigna un defensor público. La familia puede contratar un abogado de confianza, que necesitará el poder de la persona capturada para actuar.

No. La imputación es un acto de comunicación: la Fiscalía informa los hechos y el delito que investiga. La persona sigue amparada por la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.

La aceptación de cargos puede dar lugar a una rebaja de pena prevista en la ley, con excepciones para ciertos delitos y situaciones. Es una decisión que no puede tomarse sin conocer los elementos de la Fiscalía y sus consecuencias.

La imputación no es una audiencia para debatir pruebas. Sin embargo, la preparación de la defensa desde esta etapa es determinante para las decisiones posteriores.

La detención preventiva es una medida cautelar que se impone durante el proceso, antes de que exista sentencia. No es una pena. La persona conserva la presunción de inocencia.

Es una forma de detención preventiva que se cumple en el lugar de residencia, en los casos y con los requisitos que establece la ley. Puede acompañarse de vigilancia electrónica.

Sí. Si cambian las circunstancias que llevaron a imponerla, la defensa puede solicitar su revocatoria o sustitución ante un juez de control de garantías.

Es una negociación entre la Fiscalía y la persona imputada o acusada, asistida por su defensor, sobre los términos de la imputación o de la acusación y sus consecuencias. Debe ser aprobado por el juez, que verifica que respete las garantías y los derechos de la víctima.

Es la facultad de la Fiscalía de suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en los casos y por las causales que señala la ley. Su aplicación está sujeta a control del juez de control de garantías.

La víctima tiene derecho a ser informada y oída. El juez debe considerar sus derechos al decidir si aprueba el preacuerdo.

Es la audiencia en la que las partes descubren y solicitan las pruebas que quieren presentar en el juicio. El juez decide cuáles se admiten. Una buena preparación en esta audiencia define buena parte de lo que se podrá probar.

Es un trámite más corto previsto en la Ley 1826 de 2017 para los delitos querellables y para otros delitos que señala la ley. Reemplaza la imputación por el traslado del escrito de acusación y concentra las audiencias.

El recurso de apelación se interpone en la audiencia en la que se lee la sentencia y se sustenta dentro de los términos que fija la ley. Los plazos son cortos, por lo que conviene contar con defensa antes de la lectura del fallo.

Es un recurso extraordinario ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra sentencias de segunda instancia. Tiene causales y requisitos técnicos estrictos.

Es una acción contra sentencias en firme, procedente solo por causales específicas, como la aparición de hechos o pruebas nuevas que no se conocieron durante el proceso.

La decide el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, a solicitud de la persona condenada o de su defensor, cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos que exige la ley.

Es el reconocimiento de tiempo de pena por actividades de trabajo, estudio o enseñanza realizadas durante la privación de la libertad, en los términos del Código Penitenciario y Carcelario.

Para intervenir activamente en las audiencias, la víctima actúa por medio de un abogado. Si no puede costearlo, puede solicitar un representante de víctimas de la Defensoría del Pueblo.

Es el trámite que se abre después de la sentencia condenatoria para que la víctima pida la reparación de los daños causados por el delito, incluidos los perjuicios materiales y morales.

La querella es la forma de iniciar la acción en los delitos que la ley señala como querellables, y solo puede presentarla la víctima o su representante. En esos delitos se exige una conciliación previa y la víctima puede desistir.

Sí. Es frecuente asumir la defensa en segunda instancia o en casación. Para hacerlo se requiere el poder del cliente y, antes de aceptar, se revisa si el abogado anterior sigue actuando en el proceso.

No. La Corte Suprema no vuelve a revisar todo el caso. La demanda debe demostrar errores concretos según causales definidas, con una técnica exigente.

No. Desde la Ley 1542 de 2012, la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria no son delitos querellables ni desistibles. La investigación continúa aunque la víctima manifieste que no quiere seguir adelante.

La inasistencia alimentaria exige que el incumplimiento sea sin justa causa. La capacidad económica real de la persona y los pagos parciales son aspectos que la defensa debe analizar y probar.

Son órdenes que puede adoptar la comisaría de familia o el juez para proteger a la víctima, como el desalojo de la vivienda o la prohibición de acercamiento. Son independientes del proceso penal y pueden coexistir con él.

Cuando la víctima es menor de edad, la Ley 2081 de 2021 estableció que la acción penal por delitos sexuales es imprescriptible. En los demás casos rigen las reglas generales de prescripción.

Cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, la ley prohíbe rebajas por preacuerdos y otros beneficios. En otros casos depende del delito y de la etapa. Debe verificarse en cada caso.

La ley prevé reserva de la identidad y medidas para evitar la revictimización, como la entrevista forense y las restricciones a la publicidad de las audiencias.

No necesariamente. La estafa exige engaño previo que induce a error a la víctima para obtener un provecho ilícito. El simple incumplimiento de una obligación suele ser un asunto civil. Distinguir ambos escenarios es un punto central de estos casos.

Algunos de estos delitos son querellables según su cuantía y circunstancias, lo que exige una conciliación previa. La reparación a la víctima también puede tener efectos dentro del proceso.

Reúna los soportes de la operación (mensajes, transferencias, contratos, comprobantes) y presente la denuncia. Actuar pronto facilita el rastreo de los recursos y la solicitud de medidas sobre bienes.

Sí, en ciertos casos. Los particulares que administran recursos públicos o que participan en la conducta del servidor público pueden ser vinculados, según las reglas de autoría y participación.

Sí. Un mismo hecho puede dar lugar a procesos penales, disciplinarios ante la Procuraduría y de responsabilidad fiscal ante la Contraloría. Son independientes, pero lo que se diga en uno puede influir en los otros, por lo que la estrategia debe ser coordinada.

En las dolosas la persona quiso causar el daño o aceptó que podía causarlo. En las culposas el daño se produce por imprudencia, negligencia o impericia, como ocurre en muchos accidentes de tránsito. La diferencia cambia por completo el tratamiento del caso.

La legítima defensa es una causal de ausencia de responsabilidad que exige una agresión actual o inminente e injusta y una reacción proporcionada. Se sustenta con testimonios, videos, dictámenes y la reconstrucción de los hechos.

Preste auxilio, no abandone el lugar, espere a las autoridades y guarde evidencia: fotos, videos, datos de testigos y del seguro. No firme declaraciones sin entender su contenido y busque asesoría antes de rendir versión.

Las lesiones personales culposas son, en general, querellables, lo que exige una conciliación previa. La indemnización a la víctima, incluida la cubierta por los seguros, tiene un papel importante en estos procesos.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que el porte destinado al consumo propio no es punible cuando no hay ánimo de comercializar. Cada caso depende de la cantidad, el contexto y la prueba sobre la finalidad.

No. El concierto para delinquir sanciona el acuerdo de varias personas para cometer delitos de manera indeterminada, con independencia de que esos delitos se lleguen a cometer.

Reporte de inmediato a su banco, conserve todos los mensajes, correos y registros, y presente la denuncia. Actuar en las primeras horas aumenta la posibilidad de rastrear o congelar los recursos.

Con evidencia digital preservada de forma adecuada: registros del sistema, direcciones IP, metadatos y análisis de informática forense. La forma en que se recoge la evidencia determina si puede usarse en el proceso.

No. Es un proceso autónomo e independiente de la responsabilidad penal, que recae sobre los bienes y no sobre las personas. Puede adelantarse aunque no exista una condena penal.

El tercero que adquirió de buena fe exenta de culpa puede oponerse y acreditar su situación. Es fundamental reunir la documentación de la compra y actuar dentro de los términos del proceso.

En la falsedad material se altera o fabrica el documento. En la ideológica el documento es auténtico en su forma, pero quien lo expide consigna hechos que no son ciertos. La distinción define el delito y la prueba necesaria.